Blog #7 (2/3) - Anatomía de una rebelión popular

Manifestación en el centro histórico de Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y la represión asesina de las manifestaciones en provincias, 19 de enero de 2023.

Índice

La revuelta del Perú andino y popular

Una represión sangrienta en las ciudades andinas El auge de las movilizaciones en Lima

La solidaridad como pilar de la resistencia

Sospechas de infiltraciones por elementos radicales

En el corazón de las movilizaciones en la capital

Una decisión tardía pero resuelta

La efervescencia de la plaza 2 de Mayo

Las voces de la protesta

Una manifestación desorganizada pero determinada

Cuando las palabras se convierten en armas

Desenlace

Conclusiones

Una sociedad civil entre la desesperación y la combatividad creativa

Un año después, el estancamiento político persiste

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En esta segunda parte, continúo mi relato adentrándome en el corazón de las movilizaciones populares que sacudieron el Perú tras la destitución de Pedro Castillo. Narro cómo, en los días y meses que siguieron al 7 de diciembre de 2022, la indignación de las poblaciones andinas y rurales se transformó en una ola de protesta sin precedentes.

Primero, exploro la dinámica de estas movilizaciones, deteniéndome en las diversas formas que adoptaron, la represión ciega que se desató sobre los manifestantes, pero también en la organización colectiva y las redes de apoyo mutuo que permitieron que el movimiento resistiera en un contexto particularmente hostil. Concluyo mi análisis evocando la dramática brutalización del discurso político y las fracturas sociales y políticas que este movimiento puso de manifiesto de manera flagrante entre el Perú popular y el poder central.

Luego, relato mi experiencia personal en el seno de las manifestaciones en Lima. Comparto mis dudas, mis motivaciones y las emociones ambivalentes que me atravesaron mientras decidía sumarme a la protesta…

La revuelta del Perú andino y popular

Tras la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, una ola de protestas, principalmente liderada por las poblaciones andinas, se propagó rápidamente por todo el país. Los manifestantes exigían un conjunto de demandas, incluyendo la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte, la disolución del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones anticipadas, la liberación de Pedro Castillo y la convocatoria de una asamblea constituyente. Estas movilizaciones, marcadas por una violenta represión de las fuerzas del orden, revelaron las profundas fracturas políticas y sociales del país, enfrentando al Perú popular, andino y rural contra el poder central y las élites de la capital. A pesar del estado de emergencia decretado en varias regiones, los manifestantes persistieron en su movimiento, organizando huelgas, bloqueos y marchas masivas hacia la capital, determinados a hacer oír sus voces y obtener cambios estructurales en la gobernanza del país.

Una represión sangrienta en las ciudades andinas

La protesta atravesó varias fases distintas. En un primer momento, los manifestantes priorizaron los bloqueos de carreteras y la ocupación de infraestructuras estratégicas como ejes viales y aeropuertos. Estas acciones tenían como objetivo paralizar la economía para presionar al gobierno. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden se multiplicaron, causando numerosas víctimas.

La violencia de la represión ejercida por las fuerzas del orden peruanas me indigno profundamente. Los hechos reportados eran abrumadores: disparos con munición real contra manifestantes desarmados, uso desproporcionado de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias... El balance humano fue alarmante, con más de 60 muertos y cientos de heridos. Las víctimas de la represión fueron particularmente numerosas en las grandes ciudades del sur andino como Ayacucho y Juliaca. En Ayacucho, las fuerzas armadas dispararon más de 1200 balas en 7 horas el 15 de diciembre de 2022, causando 10 muertes. En Juliaca, en el departamento de Puno, 17 personas fueron asesinadas en un solo día el 9 de enero de 2023.

Esta respuesta desproporcionada contrastaba fuertemente con el manejo de las manifestaciones de 2020 contra el presidente interino Manuel Merino, donde dos muertes en las protestas que tuvieron lugar en Lima fueron suficientes para provocar la renuncia de este último. Este trato diferenciado refleja una aparente deshumanización de las poblaciones andinas que forman el núcleo duro de este movimiento de protesta. Así, los manifestantes fueron rápidamente calificados de delincuentes, vándalos e incluso “terroristas”, acusaciones difundidas al más alto nivel del Estado, por miembros del gobierno y del parlamento, por militares a cargo del control de las regiones bajo su mando, y por numerosos medios de comunicación nacionales. Este discurso, que permitió crear un clima propicio para una represión desproporcionada e indiscriminada por parte de las fuerzas del orden, evoca el utilizado durante el conflicto armado interno (1980-2000) para justificar los abusos contra estas mismas poblaciones.

El auge de las movilizaciones en Lima

Frente a la violencia de la represión en las grandes ciudades andinas, la movilización se extendió progresivamente a la capital Lima, tomando un giro más político con la organización de grandes marchas pacíficas. Este viraje político se manifestó a través de una estrategia dirigida a influir directamente en el poder central y amplificar la visibilidad nacional del movimiento. El punto culminante fue la Toma de Lima del 19 de enero de 2023, que vio converger hacia la capital a miles de manifestantes provenientes de todo el país y, en particular, de las regiones andinas. Posteriormente, los sectores periféricos de Lima, los famosos “conos”, se unieron al movimiento con la Marcha de los Conos del 4 de febrero de 2023. Esta movilización reunió a miles de personas, principalmente de barrios populares del norte y sur de la capital como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Carabayllo, que se dirigieron hacia el centro de la ciudad. Su participación ilustró la ampliación del movimiento a diversos grupos sociales, reforzando así la voz de poblaciones a menudo marginadas en el debate público.

En los meses siguientes, una segunda y una tercera Toma de Lima tuvieron lugar en marzo y julio de 2023, evidenciando la persistencia del descontento popular. La tercera Toma, aunque atrajo a un número significativo de participantes de organizaciones sindicales y sociales, no tuvo la misma magnitud ni el mismo impacto que las anteriores, marcando así el fin del ciclo de movilización iniciado el 7 de diciembre de 2022.

Estas manifestaciones cada vez más masivas y sucesivas ilustran no solo la inscripción en el tiempo de un movimiento de protesta resuelto a hacer oír su voz, sino también su creciente popularidad y legitimidad entre la población. Sin embargo, cabe señalar que los limeños se movilizaron poco en proporción, subrayando las persistentes divisiones entre las regiones y la capital, y comprometiendo así el éxito y el impacto esperados del movimiento en la escena política nacional.

La solidaridad como pilar de la resistencia

Por otra parte, si este movimiento de protesta pudo inscribirse de esta manera en el tiempo, más allá de la mera determinación de los manifestantes, fue en gran parte gracias a la capacidad de organización de las comunidades rurales e indígenas, particularmente en el sur andino. Las poblaciones aymaras de Puno movilizaron sus estructuras tradicionales de ayuda mutua, como el ayni – un sistema de reciprocidad que se remonta a la época precolombina – para coordinar eficazmente las acciones de protesta, compartir recursos y responsabilidades dentro de la comunidad, y asegurar la logística necesaria para mantener la movilización.

También se manifestó un impulso de solidaridad entre los puneños residentes en Lima y los manifestantes venidos de Puno. Las asociaciones de residentes, como el Club Departamental Puno, proporcionaron un apoyo logístico esencial cuando miles de personas llegaron a Lima para participar en las protestas, ofreciendo alojamiento y comida a los manifestantes. Comerciantes y empresarios puneños también pusieron a disposición sus locales para albergar a los manifestantes, con algunos edificios acogiendo hasta 200 personas. Esta solidaridad superó las estructuras formales, con muchos puneños abriendo sus casas y preparando comidas para los manifestantes. Las “ollas comunes”, un modo de restauración colectivo y autogestionado con raíces históricas en los movimientos sociales y períodos de crisis económica en Perú, permitieron alimentar a los manifestantes venidos de las regiones, especialmente durante las grandes concentraciones en Lima. Esta forma de organización colectiva contribuyó así a mantener la movilización en el tiempo, ofreciendo un apoyo material y moral esencial a los manifestantes frente a la represión.

Finalmente, el mundo universitario tampoco se quedó atrás. En la Universidad San Marcos –  la universidad más antigua de América cuya implicación en los movimientos sociales se inscribe en una larga tradición que se remonta a principios del siglo XX –, estudiantes de una de las principales organizaciones estudiantiles transformaron el campus en centro de alojamiento y punto de recogida de víveres para los manifestantes venidos de las regiones en previsión de la Toma de Lima del 19 de enero. A pesar de la oposición de la dirección y las amenazas de sanciones, mantuvieron su acción, calificada de “gesto humanitario” por el ex rector Manuel Burga, y llamaron al diálogo con la dirección. Sin embargo, esta ocupación pacífica terminó brutalmente el 21 de enero con una intervención policial que violó el principio de autonomía universitaria y resultó en la detención de 200 personas.

Sospechas de infiltraciones por elementos radicales

Sin embargo, más allá de su evidente dimensión popular y espontánea, el movimiento de protesta también fue objeto de sospechas de infiltración por grupos radicales. Algunos medios y autoridades señalaron en particular la presencia en segundo plano del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF). Creado en 2009, el MOVADEF es considerado como el brazo político de Sendero Luminoso, un partido comunista peruano de orientación maoísta que propugna la lucha armada y que estuvo al origen del conflicto armado interno que desgarró al Perú entre 1980 y 2000. Esta organización militó por la liberación de Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso, hasta la muerte de este último en 2021, y sigue militando para la liberación de otras personas encarceladas por terrorismo. El MOVADEF cuenta con unos 3.500 miembros y ha intentado en varias ocasiones inscribirse como partido político, pero sus solicitudes han sido rechazadas a cada vez debido a una “ideología contraria a los principios democráticos”, habiendo ordenado la justicia peruana su disolución en octubre de 2024.

Durante las manifestaciones, las autoridades acusaron regularmente al MOVADEF de infiltrar el movimiento para radicalizarlo. Fuentes mediáticas informaron que presuntos miembros del MOVADEF habrían sido detenidos durante manifestaciones en Lima en enero de 2023. Las autoridades los acusaban de intentar radicalizar el movimiento y provocar actos de violencia. El entonces ministro del Interior, Vicente Romero, declaró en una conferencia de prensa: “Hemos identificado a individuos vinculados al MOVADEF que intentan infiltrarse en las manifestaciones pacíficas para desviarlas de su objetivo inicial”.

Sin embargo, estas acusaciones de infiltraciones deben ser consideradas con prudencia, ya que la invocación del espectro de Sendero Luminoso se ha convertido en una táctica política recurrente de la derecha peruana para desacreditar cualquier movimiento de protesta. Estas alegaciones fueron así vivamente contestadas por las organizaciones de la sociedad civil y los líderes de los movimientos de protesta, que vieron en ellas un intento de deslegitimar sus reivindicaciones. Esta forma de estigmatización contribuyó así a justificar una represión particularmente violenta, especialmente en las regiones andinas. No obstante, si bien la presencia de elementos radicales en las manifestaciones no puede ser totalmente excluida, no debe ocultar la naturaleza profundamente popular y las reivindicaciones legítimas de una gran parte de los manifestantes.

En el corazón de las movilizaciones en la capital

El jueves 19 de enero de 2023 quedará grabado en mi memoria como el día en que finalmente decidí sumergirme en el corazón de las movilizaciones que sacudían Perú desde hacía más de un mes. Después de semanas de vacilación, dividido entre mi deseo de comprometerme y mi estupefacción ante la violencia de los acontecimientos, decidí participar en la Toma de Lima, esa jornada de movilización masiva que prometía ser un momento clave de la crisis en curso. La expresión “Toma de Lima” no fue elegida al azar y puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, puede verse como una crítica al centralismo excesivo que obliga a los habitantes de las regiones a acudir a la capital para hacer oír su voz. Por otro lado, también puede interpretarse como una aspiración a transformar las dinámicas de poder tradicionales. Desde esta perspectiva, apoderarse simbólicamente de los espacios asociados al poder central es una forma para los manifestantes de redirigir las reivindicaciones y el descontento de las provincias hacia el corazón decisorio del país.

Una decisión tardía pero resuelta

Mi decisión de participar en la movilización no se tomó a la ligera. Durante semanas, había observado los acontecimientos desde la comodidad de mi vivienda, dividido entre la fascinación intelectual y la parálisis emocional ante la brutalización de la vida política peruana. Pero en el fondo, algo me inquietaba. Un sentimiento difuso de culpabilidad crecía día tras día. Me preguntaba: ¿Cómo podía yo, que me apasiono por las luchas del pasado, permanecer pasivo ante las del presente? ¿Cómo podía yo, nieto de Manuel Arce Zagaceta, ilustre político que dedicó su vida a intentar cambiar su país, eludir la urgencia del momento?

Fue entonces cuando el destino, o quizás simplemente el azar, llamó a mi puerta. La misma mañana de la movilización, Cucha, una amiga de mi madre que conozco desde mi más tierna infancia, me propuso unirme a su grupo de “artivistas” –  contracción de artista y activista –  para participar en la marcha. No dudé ni un segundo y acepté su propuesta, sintiendo que era la oportunidad que esperaba para salir de mi letargo y formar parte de este momento histórico.

La efervescencia de la plaza 2 de Mayo

Nos encontramos en la plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima, punto de concentración de los manifestantes antes del inicio de la marcha. El ambiente era eléctrico, una mezcla de excitación y aprensión flotaba en el aire. Miles de personas venidas de todo el país se habían reunido, enarbolando pancartas coloridas y coreando esloganes. Me impresionó la diversidad de las personas presentes, reflejo del mosaico cultural peruano: campesinos de los Andes se codeaban con la juventud de Lima, mujeres con polleras tradicionales caminaban junto a jóvenes en jeans y camisetas.

Es en ese momento cuando me confiaron una pancarta con la efigie de un joven asesinado durante una movilización en la región de La Libertad. Se llamaba Carlos Huamán Cabrera. Tenía 26 años y era originario de la Amazonía peruana. La música era su pasión y era uno de los primeros cantantes de la famosa orquesta de cumbia Ilusión Sensual. Poco antes de los trágicos acontecimientos, Carlos había dejado su región natal para buscar trabajo. Había llegado a la ciudad de Chao, en la provincia de Virú (región de La Libertad), solo 15 días antes de su muerte. Allí había encontrado trabajo como recolector de arándanos en una explotación agrícola. La noche del 13 de diciembre de 2022, Carlos había salido a cenar a la ciudad con sus primos. Al regresar de esta cena, se vio atrapado en medio de un tiroteo durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, según su esposa Leidy. Contrariamente a las afirmaciones iniciales de la policía que hablaban de un golpe de piedra en la cabeza, la autopsia reveló que había sucumbido a una herida de bala en el tórax. Falleció en la noche del 13 al 14 de diciembre de 2022. Su muerte trágica y prematura no solo truncó los sueños de un joven artista prometedor, sino que también dejó de luto a su esposa y huérfano de padre a un niño de 7 años.

Al sostener esta pancarta, tomé conciencia repentina y visceralmente de la tragedia en curso con la que hasta entonces había mantenido una relación esencialmente intelectual. Ya no era un simple observador, sino el portador de la memoria de una vida segada demasiado pronto. Durante una tarde, sería la voz que ya nunca más será de este joven, víctima inocente de la brutal represión policial.

Las voces de la protesta

A mi alrededor, las reivindicaciones surgían por todas partes. El leitmotiv que se repetía constantemente en el clamor de la multitud era “¡Que se vayan todos!”, expresión de un rechazo total a la clase política. Los manifestantes exigían la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones inmediatas y la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Algunos manifestantes también reclamaban la liberación de Pedro Castillo y su reinstalación como presidente de la República, pero esta reivindicación era menos consensuada entre los protestantes.

Los cánticos y esloganes resonaban en las calles de Lima. Uno de ellos era particularmente popular entre los manifestantes y se convertiría posteriormente en el himno de este movimiento social: “Esta democracia, ya no es democracia, Dina asesina el pueblo te repudia”. Estas palabras expresaban no solo el sentimiento de traición sentido por gran parte de la población hacia el sistema político, sino también una condena directa a la presidenta Boluarte, percibida como responsable de la represión mortal de las manifestaciones en las regiones.

Otra consigna que aparecía a menudo en las pancartas era el juego de palabras “Dina Baluarte”, transformando el apellido de la presidenta Boluarte en “baluarte”, para denunciar su papel percibido como el de un baluarte que protege los intereses de las élites contra las demandas populares.

Una manifestación desorganizada pero determinada

Hacia las 4 horas de la tarde, la marcha se puso en movimiento. Es entonces cuando empecé a cuestionarme ante la aparente desorganización del movimiento. A diferencia de mi experiencia en movilizaciones de gran envergadura en Francia, a menudo bien encuadradas y siguiendo un recorrido preciso, el trazado aquí parecía ser difuso y cambiante. No había líderes claramente identificados dirigiendo la marcha, sino más bien una multitud de pequeños grupos avanzando de manera más o menos coordinada. Esta ausencia de estructura me desconcertó en un primer momento. Me pregunté entonces cómo un movimiento tan dispar podía esperar tener un impacto real.

Sin embargo, mis dudas se disiparon poco a poco a medida que avanzaba la marcha, y comencé a ver esta desorganización desde otro ángulo. ¿No era acaso el reflejo de un movimiento verdaderamente popular, espontáneo, sin jerarquía impuesta? ¿Una expresión auténtica de la ira y las esperanzas de un pueblo cansado de ser dirigido desde arriba? A pesar de todo, no pude evitar cuestionarme sobre la eficacia de tal enfoque. ¿Cómo formular demandas claras y negociar con el poder sin portavoces legítimos? ¿Cómo mantener la movilización a largo plazo sin una estructura organizativa sólida?

Estas preguntas daban vueltas en mi cabeza mientras nos adentrabamos en la avenida Arequipa, una larga arteria que conecta el centro de Lima con los barrios burgueses de San Isidro y Miraflores más al sur. La marcha se dispersó un poco, pero la energía seguía siendo palpable. Después de haber avanzado de manera continua dentro de la marcha, de repente me encontré, casi sin darme cuenta, al frente de la manifestación. Irónicamente, después de haber dudado tanto en comprometerme activamente en este movimiento social, de repente me veía propulsado a su vanguardia, llevado por la euforia colectiva de los jóvenes manifestantes que me rodeaban.

Es entonces cuando se divisó un cordón policial a lo lejos. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Ibamos a ser objeto de la misma represión brutal que se había abatido sobre los manifestantes en el resto del país? La marcha se infiltró entonces en una calle adyacente, buscando rodear el bloqueo. En este momento de tensión, sentí toda la incertidumbre y la fragilidad de nuestra acción, pero también su fuerza bruta y su determinación.

Después de algunos disparos de gases lacrimógenos y la división de la marcha principal en pequeños grupos de manifestantes, pensé entonces en volver a casa. A pesar de mi experiencia en movilizaciones en Francia, me sentía preocupado por el giro que podían tomar los acontecimientos en Lima. Consciente de mis límites en este entorno menos familiar y potencialmente más impredecible, decidí retirarme a pesar de mi profundo deseo de apoyar el movimiento hasta su desenlace.

Esta decisión, aunque prudente, resultaría acertada a la vista de la intensificación de los enfrentamientos durante la noche. Se desarrollarían escenas de guerrilla urbana en el centro histórico, con manifestantes lanzando piedras frente a las salvas de gas lacrimógeno de la policía. Un incendio importante incluso arrasó un edificio histórico cerca de la plaza San Martín, aunque su origen no fue claramente establecido. Sin embargo, a pesar de la intensidad de los enfrentamientos en la capital, la represión se mantuvo más moderada y controlada que durante las manifestaciones en provincias, que habían conocido un balance humano trágico. La jornada se saldó no obstante con numerosos heridos, entre ellos 16 policías, y varias detenciones.

Al día siguiente, las autoridades llevaron a cabo una intervención controvertida en la Universidad San Marcos, procediendo a la detención de más de 200 manifestantes que habían encontrado refugio allí, revelando la determinación de las autoridades por sofocar cualquier intento de arraigo del movimiento en la capital que pudiera inclinar la relación de fuerzas a favor de los manifestantes.

Cuando las palabras se convierten en armas

La violencia no fue solo física durante estas semanas de movilización. También se manifestó en las palabras, revelando una fractura profunda en el seno de la sociedad peruana. Tres episodios ocurridos en el contexto de las manifestaciones en Lima ilustraron particularmente esta brutalización del discurso político, poniendo de manifiesto la creciente brecha entre Lima y las provincias, entre las autoridades y los manifestantes. Estos momentos, que seguí con consternación después de mi participación en la manifestación del 19 de enero, marcaron un nuevo punto de inflexión en la forma en que se verbalizaba el conflicto, abandonando toda contención en favor de una retórica de exclusión y violencia.

El 24 de enero de 2023, la presidenta Dina Boluarte provocó una onda de choque al pronunciar una frase cargada de significado: “Puno no es el Perú”. Esta declaración, hecha durante una conferencia de prensa, pretendía minimizar la importancia de las manifestaciones en la región de Puno, epicentro de la protesta. Al negar la pertenencia de Puno a la nación peruana, Boluarte no solo exacerbó las tensiones existentes, sino que también reforzó el sentimiento de exclusión sentido por muchos habitantes de las regiones andinas. Esta desafortunada frase cristalizó los agravios de los manifestantes contra el centralismo limeño y el desprecio percibido de las élites hacia las provincias.

Algunas semanas más tarde, el 2 de febrero de 2023, el congresista fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu provocó un escándalo al calificar la wiphala, un símbolo importante para los pueblos andinos, de “mantel de chifa” (mantel de restaurante chino) adoptado por “bolivianos socialmente frustrados”. La wiphala, una bandera cuadrada a cuadros con siete colores, es un símbolo ancestral utilizado por diversos pueblos andinos en varios países sudamericanos. En Bolivia, es la segunda bandera nacional, mientras que en Perú está reconocida oficialmente como símbolo de los pueblos quechua, aymara y uro de la región de Puno desde mayo de 2022.

Esta declaración fue percibida como profundamente ofensiva y discriminatoria hacia los pueblos indígenas. Las palabras de Lizarzaburu no solo revelaron un profundo desconocimiento de la historia y la cultura andinas, sino que también exacerbaron las tensiones entre el poder central y las poblaciones indígenas, ya en el centro de las manifestaciones.

Más impactante aún, un incidente ocurrido unos días más tarde en las calles de Lima reveló que esta violencia verbal no era exclusiva de las élites políticas, sino que también se había banalizado entre la población común. Un video de 19 segundos que se volvió viral muestra una confrontación entre tres actores: una manifestante de origen andino y rural, un grupo de policías, y un transeúnte limeño de clase media urbana. La escena se desarrolla así: la manifestante se dirige a los policías en un discurso elocuente, del que solo se escucha un fragmento: “No he estudiado pero me doy cuenta, las personas que han estudiado, que han ido a la universidad, díganme...”. Frente a ella, los policías la observan con una indiferencia cansada. Es entonces cuando un hombre, acompañado de un amigo y con una lata de cerveza en la mano, atraviesa la escena entre la manifestante y los policías. Al pasar, se vuelve hacia las fuerzas del orden y, con un gesto desdeñoso hacia la manifestante, lanza con desenfado: “Métele bala, weón”. La respuesta de la manifestante es igualmente significativa: no se detiene y continúa hablando, simplemente cambiando de interlocutor para dirigirse directamente a su agresor: “Sin vergüenza, comes de la sierra, te alimentas de la sierra, y te alegras, qué vergüenza...”. Ante el escándalo provocado en las redes sociales, el hombre fue rápidamente identificado y obligado a publicar un video de disculpas al día siguiente, pero el daño ya estaba hecho.

Estos tres episodios me marcaron profundamente. Revelaban una fractura abierta en el seno de la sociedad peruana, mucho más profunda de lo que había imaginado. Por un lado, autoridades y élites que parecían negar la existencia misma de una parte del país. Por otro, ciudadanos comunes dispuestos a alentar la violencia letal contra sus compatriotas. Me pregunté entonces sobre la capacidad de Perú para superar estas divisiones, y sobre la manera de reconstruir un diálogo nacional en un clima tan tenso.

Esta brutalización del discurso político, insinuándose en todas las esferas de la sociedad, no hacía más que reforzar mi convicción de que la participación ciudadana y el diálogo eran más necesarios que nunca. Pero ¿cómo fomentar estos intercambios cuando las palabras mismas parecían haberse convertido en armas? Esta pregunta continuaba atormentándome mientras reflexionaba sobre esa intensa jornada de manifestación, sobre Carlos Huamán Cabrera cuya memoria había portado, y sobre todos esos peruanos, de Lima o de las regiones, que aspiraban a un cambio profundo en su país.

Desenlace

Seis meses exactos después de la primera Toma de Lima, heme aquí de nuevo en las calles de la capital para participar en el nuevo episodio de movilización que se anunciaba. Esta tercera Toma de Lima, organizada el 19 de julio de 2023, tenía lugar en un contexto muy diferente al de la primera movilización de enero. La fecha elegida para la ocasión revestía una dimensión altamente simbólica, haciendo eco a la huelga nacional del 19 de julio de 1977 que había precipitado la caída del régimen militar en el poder desde 1968.

A pesar de una movilización más importante con 21.000 manifestantes a nivel nacional, frente a unos 10.000 durante la manifestación del 19 de enero de 2023, esta manifestación vino paradójicamente a marcar el fin del ciclo de protestas iniciado en diciembre de 2022. En realidad, estas cifras enmascaraban una transformación profunda de la composición social del movimiento. Si bien la movilización se amplió a nuevos actores, especialmente provenientes de las clases medias y de la sociedad civil organizada, la participación de los sectores populares disminuyó. Esta evolución reflejaba una cierta legitimación del movimiento más allá de su base inicial, aunque la energía contestataria de los primeros días se había indudablemente atenuado.

Desde el interior de la manifestación, el contraste entre los dos episodios era sorprendente. La energía claramente ya no era la misma. Acabado el carácter espontáneo y a veces caótico de las primeras movilizaciones. La movilización era ahora cuidadosamente orquestada por las organizaciones sindicales y sociales que habían tomado el relevo de las movilizaciones populares espontáneas. Si bien esta mayor estructuración permitía una mejor organización y quizás era testimonio de una cierta maduración del movimiento, también parecía haberle hecho perder parte de su fuerza bruta y su capacidad de disrupción. Así, a pesar de algunos incidentes aislados, la manifestación se desarrolló de manera globalmente pacífica. El ardor persistente de los cantos y esloganes de los manifestantes parecía enmascarar una resignación inconfesada y el cortejo avanzaba a la manera de una procesión fúnebre. Sin embargo, el dispositivo policial seguía siendo masivo – 24.000 agentes desplegados –, recordando cruelmente que nada estaba resuelto en el fondo y reflejando el nerviosismo persistente de las autoridades. La estrategia de la Toma de Lima parecía haber alcanzado sus límites y la represión parecía haber vencido a la movilización, dando lugar a una forma de resignación teñida de amargura.

Conclusiones

Una sociedad civil entre la desesperación y la combatividad creativa

En conclusión, el movimiento social que tuvo lugar de diciembre de 2022 a julio de 2023 en Perú marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país, dejando cicatrices profundas en el tejido social y político peruano. A pesar de la intensidad duradera de la movilización, el movimiento se fue agotando progresivamente a lo largo de 2023 bajo el efecto de la brutal represión que se abatió sobre los manifestantes. En marzo, la mayoría de los bloqueos de carreteras fueron levantados y el movimiento experimentó luego un período de relativa calma. Las manifestaciones esporádicas se reanudaron en junio y julio, pero sin recuperar la magnitud de principios de año. La represión logró su objetivo a corto plazo, pero a costa de un alto precio humano y una fractura duradera de la sociedad peruana.

Sin embargo, la ira que se expresó durante este ciclo de movilización no desapareció de inmediato, ni mucho menos. Incluso encontró nuevas formas de expresión que combinaron creatividad y humor, especialmente durante las fiestas populares. En el carnaval de Ayacucho – ciudad particularmente enlutada durante las movilizaciones – de febrero de 2024, las comparsas utilizaron coplas – canciones satíricas tradicionales –, para criticar abiertamente a Dina Boluarte y otras autoridades, a pesar de los intentos de censura. Carrozas alegóricas haciendo referencia a Dina Boluarte desfilaron, desafiando los intentos iniciales de bloqueo por parte de un importante contingente policial, y bailarines disfrazados de policías antidisturbios imitaron la represión entre las risas de la multitud. En Puno, una región fuertemente opuesta al gobierno, se quemaron máscaras con la efigie de la presidenta durante concentraciones populares y se organizaron “paseos de burros” portando imágenes de Dina Boluarte y congresistas, con el objetivo de ridiculizar a las autoridades. Estos actos burlescos servían a la vez como válvula de escape para la violencia, la ira y la frustración de la población, al tiempo que reafirmaban las reivindicaciones del movimiento de manera pacífica. Permitían expresar la crítica política sin confrontación directa con las autoridades. Sin embargo, la situación seguía siendo tensa. Las víctimas y sus familias persisten hasta hoy en sus demandas de justicia, mientras que el gobierno se esfuerza por eludir cualquier cuestionamiento de su responsabilidad.

Un año después, el estancamiento político persiste

En el plano político, la situación sigue siendo extremadamente inestable desde las movilizaciones de 2022-2023. El ex presidente Pedro Castillo sigue en prisión preventiva hasta la fecha y la fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

El equilibrio de fuerzas políticas sigue siendo muy desequilibrado, con un Congreso dominado por la oposición fujimorista de derecha que continúa oponiéndose al ejecutivo, especialmente en cualquier propuesta de reformas o elecciones anticipadas destinadas a resolver el bloqueo institucional que persiste. La confianza en las instituciones está en su punto más bajo, con el Congreso teniendo solo un 7% de aprobación y la presidenta Dina Boluarte apenas un 5%. Esta última se enfrenta a una impopularidad récord, con el 92% de los peruanos desaprobando su mandato según una encuesta reciente.

En definitiva, las tensiones sociales siguen siendo altas, alimentadas por llamados urgentes a reformas para responder a las expectativas populares, mientras que el sistema político parece estancado en un punto muerto. Esta profunda crisis de legitimidad genera temores de nuevas turbulencias, y el bloqueo actual hace incierta cualquier perspectiva de renovación institucional rápida. El país se encuentra así condenado a vivir en un estado de crisis latente, con el riesgo de resurgimientos de movilizaciones sociales de gran magnitud. Esta situación subraya la urgencia de emprender reformas para responder a la desconfianza hacia las instituciones y a las desigualdades estructurales que socavan el país.